Ayer una interna con patologías mentales agredió a una funcionaria y hoy otra interna golpeaba y mordía a una segunda funcionaria, ambas trabajadoras del centro penitenciario de Campos del Río.
Las agresiones en prisiones, no son inevitables, ni están contempladas en la nómina del personal, se producen porque no se analizan las causas que las provocan y porque no se aplica la ley de prevención de riesgos laborales al personal penitenciario agredido.
Instituciones Penitenciarias no considerará "agresión" el grave incidente ocurrido ayer en la prisión de Campos del Río, a una funcionaria que ha sufrido puñetazos y patadas por parte de una interna con patología mental, no investigará el accidente laboral ni adoptará ninguna medida preventiva, tal como obliga la normativa en prevención de riesgos laborales. La Administración Penitenciaria selecciona las agresiones que denuncia al Juzgado para que sean consideradas como delito de atentado a la autoridad.
La interna agresora es una enferma mental y por esta situación va a ser difícil que pueda responder disciplinariamente o en la vía penal por la agresión a la funcionaria ocurrida ayer en el módulo 16 del centro penitenciario murciano. Respecto a la segunda agresión a funcionaria ocurrida en el día de hoy puede que desde el centro penitenciario se tramite de oficio la denuncia penal.
Las agresiones están desbordadas en Instituciones Penitenciarias, con 18,37 agredidos al año por cada mil empleados públicos penitenciarios, lo que conlleva que el personal penitenciario puede ser agredido más de 4 veces durante su vida laboral en el caso de vigilancia. Para que se puedan comparar datos oficiales, en el año 2010 el número de agredidos era de 12,75 por cada mil empleados.
La relación causal de las agresiones es multifactorial pero hay tres factores que son determinantes. La primera es la falta de tratamiento específico para las patologías psiquiátricas, un problema que tiene cada vez, una mayor incidencia dentro de las prisiones. La segunda causa está relacionada con la falta de personal y la tercera está relacionada con la falta de formación práctica para intervenir con un colectivo, que exige una especialización.
La situación de la enfermedad mental dentro de las prisiones españolas es de una gravedad tal que exige respuestas integrales. El incremento de la enfermedad mental en las prisiones es directamente proporcional a la disminución de respuestas sociales y políticas a las patologías de salud mental. Nos encontramos con una política penal que no evalúa ni valora la incidencia de las patologías mentales y con la falta de un modelo de atención integral eficaz capaz de dar una respuesta a los problemas de salud mental de la población reclusa, cuando el 50% de los incidentes regimentales de las prisiones y más del 60% de las agresiones que sufre el personal penitenciario, tienen que ver con internos con patologías psiquiátricas.
En la región de Murcia hay una psiquiatra contratada para atender los dos centros penitenciarios Murcia I y Murcia II, que realiza visitas cada quince días pero que son insuficientes para atender todas las necesidades que hay.
Desde CCOO defendemos que se deben investigar y prevenir todas las agresiones y no enmascarar la siniestralidad laboral en el medio laboral penitenciario.
Por último, el sindicato demanda una formación específica y la creación de un grupo especializado de funcionarios y funcionarias para la intervención, un Protocolo eficaz de prevención frente a las agresiones, además de las estrategias y medidas encaminadas a dar una respuesta global al grave problema de las patologías psiquiátricas en prisión, abordando actuaciones de educación, de prevención, asistencia y rehabilitación.
